Al hablar de Asistencia Personal (AP) es todavía frecuente considerarla como una opción dirigida principalmente a personas con diversidad funcional física y/o sensorial, encontrando siempre muchas dificultades o dudas en su aplicación a las personas con diversidad funcional intelectual.

Entre los distintos motivos que pueden estar detrás de la falta de consideración de estas personas como beneficiarias de la prestación de AP, aparece de manera recurrente un factor muy concreto: su capacidad para tomar decisiones. Se duda, de manera sistemática, de la capacidad de estas personas para cumplir con su rol como gestores de esa prestación o, lo que es lo mismo, ejercer efectivamente como jefes/as del/la asistente personal y llevar el control de su vida, una de las ideas claves de la Filosofía de Vida Independiente. De esta manera, se vincula de manera automática la diversidad funcional intelectual con la incompatibilidad para tomar decisiones, sin tener en cuenta el derecho de estas personas a contar con aquellos apoyos que puedan precisar para garantizar el ejercicio de esa toma de decisiones.

Esta visión de la diversidad funcional intelectual unida a la falta de adecuación del actual sistema de modificación de la capacidad de obrar al artículo 12 de la CIDPD, genera una situación de especial discriminación hacia este colectivo en el uso y disfrute de la AP. Si se revisa la regulación que de esta prestación se hace en las distintas CC.AA, se puede comprobar que de manera general, se deja en manos de sus representantes legales la gestión de esa AP, sin garantizar la participación de las propias personas con diversidad funcional intelectual en esa gestión. El derecho de acceso a la información y su adaptación a través de las medidas de accesibilidad cognitiva necesarias, se torna así como un requisito fundamental que ha de ser adecuadamente garantizado para que la AP sea efectivamente un recurso de apoyo a la vida independiente de estas personas.


Tema de la intervención de Laura Fernández Cordero en el Congreso.